Las compañías navieras están pasando de largo en Guatemala, ante la inestabilidad suscitada en los puertos marítimos de ese país.
Firmas como King Ocean y SeaLand han notificado la suspensión de operaciones de carga y descarga, informó el matutino El Periódico.
Desde hace siete días, transportistas de ese país han estado ejecutando una serie de acciones de presión, entre las que han destacado protestas violentas, así como bloqueos en carreteras y aduanas, en rechazo a la limitación de los horarios de circulación de camiones en Ciudad de Guatemala, una medida que entrará en vigor a partir de este viernes.
El alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Álvaro Arzú, impulsor de la medida, ha manifestado que no cederá ante la coacción de los transportistas.
Debido a ese conflicto, el pasado 2 de noviembre la naviera SeaLand envió una carta a sus clientes notificando que suspendería las salidas y entradas de mercancías, ya que no podía garantizar la seguridad de sus empleados.
El 30 de octubre, un barco de King Ocean optó asimismo por no atracar en el puerto Tomás de Castilla.
A esto se ha sumado la congestión de contenedores que se han acumulado en las terminales. Tan solo en Puerto Quetzal, 1,800 contenedores están detenidos sin poder ingresar; y otros 4,000 no encuentran la salida.
Una situación que Jean Paul Brichaux, del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), ha calificado de “caos” y “emergencia nacional” para todos los sectores.
“Algunas de las navieras trabajan de puerta a puerta la recogida y entrega de los productos, por ello no quieren poner en riesgo su mercancía, sus vehículos y sus trabajadores, sobre todo sabiendo que el seguro no cubrirá las pérdidas si pasa algo debido a que hay una amenaza conocida”, opinó Brichaux.
Cada día que pasa con este conflicto empantanado, las aduanas del país pierden $5.3 millones, estimó, por su parte, Juan Francisco Solórzano, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
A esto se deben sumar las pérdidas de los empresarios, sobre todo de aquellos dedicados a los productos perecederos como el banano, un rubro que genera unos 30,000 empleos en el país.
“Esto ya se convirtió en un problema nacional”, un hecho que necesita el diálogo entre los sectores implicados, coincidió Juan Pablo Castañeda, director ejecutivo de la Asociación de Productores Independientes de Bananos (APIB).
“El país no aguanta un día más con la parálisis que está causando pérdidas multimillonarias sin precedentes”, concluyó Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio.
El Heraldo
