Un informe sobre el sector naviero presentado por el senador yucateco Daniel Ávila al Senado, propuso someter a votación un acuerdo para que la Secretaría de Economía regularice a la mayor brevedad, la operación y tarifas de los puertos en esta entidad.
“El negocio marítimo en Quintana Roo requiere de la urgente intervención del Estado. Prevalecen complejos problemas que lo hacen un mercado insostenible.
“En la investigación se detectaron monopolios y oligopolios; costos portuarios sin lógica económica, precios y horarios sin control; competencia desleal que ahoga a pequeños competidores, posible lavado de dinero y tarifas discriminatorias”, indica el documento.
En dos puntos de su informe, el senador Ávila expone la posibilidad de que las grandes navieras puedan lavar dinero, ante censurables omisiones del gobierno federal y presunta complacencia de las administraciones estatales.
El punto de acuerdo propuesto pide también la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) “Se trata de un mercado sin condiciones básicas de competencia señalada por la normatividad vigente.
Debido al potencial turístico de Quintana Roo, los puertos de Cozumel e Isla Mujeres representan en conjunto un promedio de 8.5 millones de pasajeros. Las principales rutas son Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel, y Holbox-Chiquilá.
Aunque hay tarifas diferentes, el negocio registra utilidades promedio de dos mil millones de pesos al año. El desorden propicia un mercado de pasajeros cautivos, que son transportados en barcos inadecuados, obsoletos y en condiciones deplorables, cobrando tarifas discrecionales y cerrando el paso a la competencia.
El documento señala “dos datos paradigmáticos: Isla Mujeres tiene tráfico de 4.3 millones de pasajeros al año, operado solo por la empresa Ultramar.
Cozumel registra una cifra similar de pasajeros, pero tiene más empresas. Por esto el mercado se sobreoferta, y ante posibles pérdidas, las empresas no compiten. Sus propietarios deciden tarifas y se reparten rutas y horarios.
“El resultado es un mercado sin regulación. Negocio perfecto para los concesionarios. Se registra una incorrecta asignación de instalaciones portuarias; en Isla Mujeres, la terminal Puerto Juárez está asignada en exclusiva a un solo operador, Ultramar.
“El servicio de ferris mixtos de carga y de pasajeros, hasta 2016, en todos los mercados de Quintana Roo, eran propiedad de un monopolio.
“El municipio de Cozumel subsidia a todos los puertos del estado debido a la carencia de lógica económica en asignaciones de costos portuarios.
“La venta de boletos se establece arbitrariamente, sin guía ni reglamentación de la autoridad: tiene precios diferentes según la procedencia del pasaje, y si se trata de usuarios locales, o turismo nacional o extranjero.
“Se registra una acentuada depredación de precios y subsidios cruzados, que permite que las empresas que dominan el mercado no permitan la entrada de nuevos prestadores del servicio.
“Al analizar las tarifas vigentes no se encontró relación precio – costos de los concesionarios y operadores. Existen rutas similares con precios muy diferentes
“Esa suma de problemas genera el escenario perfecto para que las empresas imperantes mantengan de manera privilegiada el control de todo el sector naviero de la entidad”.
El Senador Daniel Ávila indica además: “Las navieras más empresas fuertes cierran paso a la competencia. Cuando esta surge, imponen temporalmente tarifas bajas, que los nuevos competidores no pueden sostener.
“En mayoría quiebran en poco tiempo, dejando libre el mercado a las fuertes que así mantienen el monopolio. Disipado el riesgo de la competencia, suben tarifas muy por encima de los precios originales del mercado, o se ponen de acuerdo con sus pares”.
Asegura el Senador que el gobierno federal tiene amplia información de este modus operandi de las navieras quintanarroenses, sin embargo apenas eventualmente aplica sanciones. Hasta ahora y desde la instauración de Quintana Roo como estado, el tema no ha sido examinado a fondo.
En 2011, la Cofece multó con 45 millones de pesos a las navieras Golfo Transportación, Naviera Ocean GM y a Naviera Magna, por incurrir en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte marítimo de pasajeros en los puertos de Quintana Roo, según consta en el expediente DE-002-2014.
En 2016, las mismas empresas multadas por monopolio en las rutas Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel. La sanción fue de 25 millones 750 mil pesos.
“Sin embargo estas medidas económicas no han sido suficientes para evitar que sigan prestando el servicio en las mismas condiciones y para que dejen sus prácticas monopólicas”, concluye la investigación presentada al Senado.
En dos puntos del informe, el senador Ávila hace referencia a la posibilidad de que estas grandes empresas puedan lavar dinero.
“La falta de regulación federal del transporte marítimo en Quintana Roo ha permitido que unos pocos, con mayor poderío económico, en ciertos casos de dudosa procedencia, impongan sus reglas convirtiéndose en verdaderos depredadores del resto de los prestadores del servicio”, expone.
De manera específica señala que “La falta de regulación es relevante, ya que por ser un mercado en que se invierte sin control fiscal y reportar pérdidas operativas en periodos, –para quebrar a eventuales competidores–, carece de controles de cobros en efectivo ni facturación, y es altamente vulnerable al lavado de dinero e ingreso de capital de dudosa procedencia”.
Milenio
