Interjet acusó a Grupo Aeroméxico de frenar el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos en materia de aviación, mismo que se discute desde mayo, al pretender introducir en el contenido la inmunidad antimonopolio, con la cual quedarían exentas ciertas alianzas de ser investigadas y sancionadas por prácticas monopólicas (colusión en precios, rutas, horarios y capacidad).
Luego de varios meses de revisión y negociación, se suspendió en la última ronda por desacuerdos entre las aerolíneas mexicanas relacionados con la salvaguarda que otorga la inmunidad antimonopolio.
De acuerdo con Interjet, que preside José Luis Garza, refiere que “la insistencia de Grupo Aeroméxico y su socio Delta para incorporar la inmunidad antimonopolio en el texto del tratado y en los documentos relacionados; así como la exigencia de ambas empresas a vincular esta figura a la entrada en vigor del nuevo tratado, atenta contra el ‘piso parejo’, principio esencial de sana competencia; contra los intereses de los consumidores mexicanos y condiciona un acuerdo soberano, que traería beneficios a los mexicanos, a privilegiar intereses particulares”.
De acuerdo con el Frente Común en Defensa de la Aviación, integrado por trabajadores del sector, Aeroméxico sería una de las aerolíneas más perjudicadas. Además de que “abrir el tráfico total de pasajeros, carga y chárteres a Estados Unidos se convertiría en una amenaza para las aerolíneas nacionales, que iniciarían un proceso de desaparición”, dijo Carlos Díaz Chávez Morineau, secretario general de ASPA.
Para Interjet se busca modernizar dicho tratado entre ambos países, pues éste data del 2005. “En este lapso, la relación económica y turística bilateral se ha acrecentado y la estructura de la industria aérea nacional ha registrado sustanciales transformaciones. Nuestro gobierno en ningún momento planteó negociar un tratado de cielos abiertos ni cabotaje, sino de abrir la conectividad aérea entre ambos países en beneficio del servicio público, el turismo y el comercio”.
Las negociaciones se iniciaron en mayo de este año y continuaron en una segunda ronda en Washington en septiembre. En ésta se alcanzó un texto que fue aceptado por los representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y del US Department of Transport (DOT).
El Economista
