El canciller David Choquehuanca y una delegación de la Asamblea Legislativa Plurinacional inspeccionarán, este próximo 17 de junio, los puertos Arica, Antofagasta e Iquique para “constatar” las contravenciones al Tratado de 1904 que otorgó a favor de Bolivia el más amplio y libre tránsito por los puertos chilenos. Bolivia no descarta concretar “un reclamo internacional”.
“ Estamos viajando justamente después de las fiestas de La Paz, el 17 estaríamos viajando hacia Arica, Antofagasta e Iquique. La idea acompañar al canciller Choquehuanca para hacer una inspección en el lugar, ver qué es lo que ha pasado, corroborar algunos extremos”, señaló la mañana de este jueves el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.
En las últimas semanas transportistas y empresarios de comercio internacional bolivianos denunciaron una serie de maltratos y el incremento de las tasas portuarias hasta en un 300% en los puertos que utiliza el país para trasladar la carga boliviana hacia ultramar.
La Paz formalizó, a través de tres notas diplomáticas, extensos reclamos a Santiago para demandar el cumplimiento de “las pobres compensaciones” de libre tránsito que comprometió el vecino tras arrebatar la salida soberana al mar como consecuencia de la invasión y posterior Guerra del Pacifico en 1879.
Los transportistas, por su lado, trasladaron sus protestas hasta el oficina Consular de Chile en la sede de Gobierno, donde este martes denunciaron acciones xenofóbicas y violentas por parte de Carabineros (Policía chilena).
El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de la ciudad de El Alto, Gustavo Rivadeneira, citó como ejemplo que el viernes pasado un ciudadano chileno rompió el parabrisas y los faroles de un camión porque había estacionado su vehículo frente a su vivienda.
En las últimas horas, medios estatales evidenciaron en propio territorio chileno la dificultosa situación que franquea el sector, cuyos afiliados se ven obligados a pernoctar en las calles de Arica con carencias de servicios sanitarios y el riesgo de sufrir asaltos.
Ante esta situación, residentes bolivianos en Chile optaron por conformar colectivos de asistencia para entregar alimentos a los connacionales.
La delegación gubernamental y legislativa boliviana tiene la premisa de verificar estos extremos “y eventualmente, en función a los datos que podamos colectar en el lugar, avanzar hacia un reclamo internacional”, anticipó Gonzales.
“Bolivia está absolutamente franqueada para hacerlo”, remarcó el legislador al término de la cita que sostuvo con el presidente Evo Morales para, precisamente, coordinar esas acciones.
De hecho, desde diciembre de 2015, existe un reclamo formal ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) por el incumplimiento del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) por parte del gobierno chileno por las restricciones a las facilidades de transporte y libre tránsito de mercancías nacionales desde 2010.
La Razón
