Garantizan la inmunidad salarial en los puertos hasta el 2030

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El gobierno israelí acuerda con los sindicatos portuarios
Los ministerios de Transporte y Finanzas tomaron una decisión unilateral para garantizar el trabajo de 1.250 portuarios, otorgándoles inmunidad salarial hasta el 2030 o el 2032, pese a las promesas anteriores en sentido contrario.

La decisión fue objeto de desacuerdos dentro del gobierno y se produjo en medio de las negociaciones con los sindicatos que representan a los trabajadores de los puertos de Haifa y Ashdod y la Federación de Trabajadores Histadrut.

En un movimiento sorpresa en días recientes, los dos ministerios cedieron a las demandas de los sindicatos. La decisión fue anunciada en la Corte Nacional del Trabajo en Jerusalén.

La Autoridad de Empresas del Gobierno y la División de Presupuestos del Ministerio de Finanzas se habían opuesto enérgicamente, a lo que el ministro de Transporte, Yisrael Katz, aprobó en un giro repentino, a pesar de sus promesas públicas en sentido contrario.

La garantía será parte de un nuevo acuerdo laboral, cuyos detalles no han sido establecidos. En él se incluirán todos los trabajadores portuarios empleados hasta el día del acuerdo de esta semana, incluidos los empleados temporales.

Este acuerdo protege a los trabajadores en el caso de que los puertos tengan que reducir personal cuando los puertos privados comiencen a operar y se establezca algun tipo de competencia. Garantiza los puestos de trabajo durante 10 años a partir de la fecha en que los nuevos puertos comiencen a operar, situación que se espera suceda en el 2021 o 2022 y por un total de 15 años desde la fecha del compromiso.

Esto significa que las empresas portuarias gubernamentales, que están colapsando bajo el peso de los salarios, que equivalen aproximadamente entre el 52 al 58% de los ingresos, no pueden despedir a los trabajadores, incluso si retenerlos no fuese económicamente viable. Las previsiones económicas llevadas a cabo hace un año predijeron que tal promesa le costaría al público entre 2.000 y 2.500 millones de shékels (570 millones a 610 millones de dólares). Katz, que prometió no ceder a las demandas de los trabajadores y no permitir el empleo ficticio en los puertos, hizo un inexplicable giro de 180 grados.

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