La Comisión Europea declara ilegales las ayudas fiscales a los puertos franceses y belgas

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La Comisión Europea obliga a Francia y a Bélgica a acabar antes de que concluya 2017 con las ventajas fiscales que ofrecen a sus puertos.

La Dirección General de Competencia ha anunciado hoy que la exención del impuesto de sociedades de la que gozan muchos de los puertos marítimos y fluviales de estos dos países constituyen una ventaja selectiva no justificada y que distorsionan ilegítimamente la competencia.

El Ejecutivo comunitario menciona explícitamente los puertos belgas de Amberes, Brujas, Bruselas, Charleroi, Gante, Lieja, Namur y Ostende. En Francia, se estarían beneficiando de esta práctica ilegal el puerto de Burdeos, Dunquerque, La Rochelle, Le Havre, Marsella, Nantes y Rouen, además de los puertos de regiones ultraperiféricas como Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión.

Según el Ejecutivo comunitario, el hecho de no tener que pagar ese impuesto permite a estos puertos a ofrecer precios más bajos y competir de forma ilegítima con los puertos de otros países.

Como estas ayudas ya existían antes de que Bélgica y Francia fundaran la Unión Europea, se consideran técnicamente como “ayuda existente”, lo que exime a los beneficiarios de tener que devolver la ayuda recibida con anterioridad. En el caso de países que entraron más tarde al club se aplica el mismo criterio para aquellas ayudas que ya existían antes de la adhesión.

Los técnicos de Competencia en Bruselas llevan desde 2013 analizando en profundidad el marco en el que operan los puertos en la UE, lo que ha desencadenado ya algunos cambios.

En 2016 ocurrió algo similar a lo de hoy, pero con los puertos holandeses, que también estaban exentos del impuesto de sociedades. Tras la investigación y requerimiento de la Comisión, estos empezaron a pagarlo el pasado 1 de enero. Bruselas también ha forzado a algunos puertos alemanes a ser más transparentes con su financiación, para distinguir entre los ingresos derivados de su actividad comercial y aquellos correspondientes a su función pública y evitar que estos subsidien a aquellos.

En un dosier ajeno al área de Competencia, la Comisión Europea ha forzado recientemente a España a liberalizar el marco laboral de la estiba portuaria en España.

Expansión

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