Puerto La Unión sigue atascado en procesos legales

Las leyes son el pantano en el que se hunde el Puerto de La Unión. No avanza ni para concesionarse, ni para darse en arrendamiento o entregarlo a una empresa privada a través de un Asocio Público-Privado (APP).

De acuerdo con Nelson Vanegas, presidente de CEPA, aún se analiza derogar la ley de concesión que se aprobó en la Asamblea Legislativa hace dos años. También se analiza un proyecto de ley de arrendamiento para que la terminal marítima se otorgue a varias empresas. A la vez evalúan un posible APP con empresas particulares y con Fomilenio II.

Mientras tanto, una delegación de la empresa china CITIC Group, volvió hace unas semanas para hacer una valoración más técnica del puerto y también de las condiciones del Aeropuerto Militar El Jagüey, que en estos momentos está en manos de la Fuerza Armada, pero que se quiere trasladar a CEPA para que ésta lo administre.

Las otras empresas que participaron en el primer proceso de licitación fallido también están dando sus valoraciones para considerar invertir en la terminal, pero con otras condiciones legales.

Vanegas no sabe cuánto podría avanzar el proyecto y si estos cambios legales podrían estar listos antes de que finalice el año. Al terminar 2016, El Salvador habrá completado dos años de trámites legales infructuosos que mantienen al Puerto La Unión como una infraestructura subutilizada.

De acuerdo a los datos de CEPA, en 2015, el Puerto recibió un total de 23 buques, que superaron los 11 que apenas llegaron en 2014. El puerto tiene una pérdida anual de unos $10 millones que se pagan con fondos de otras empresas de CEPA como el Aeropuerto y el puerto de Acajutla.

El Salvador