El Ministerio de Fomento ha dado su visto bueno al aeropuerto de gestión privada que la Comunidad de Madrid promueve desde hace años en el sureste de la región, en una zona limítrofe con Castilla-La Mancha, dentro del término municipal de El Álamo. La inversión, que incluye la compra de suelo a particulares, es de unos 230 millones de euros. El presupuesto correría a cargo de la concesionaria (el Ejecutivo de Ignacio González asegura que hay varias empresas interesadas), que a cambio se encargaría de la infraestructura durante 40 años.
El Estado pone como condición para la viabilidad del aeródromo que el Gobierno regional, también del PP, alcance previamente “los acuerdos pertinentes de coordinación y funcionamiento” con los responsables de los otros aeródromos de la zona. “En particular” con el de Casarrubios, en funcionamiento desde 1992 y a solo 1.900 metros de distancia del área elegida por el Ejecutivo de Ignacio González para su proyecto.
La pretensión de la Comunidad es que el complejo sirva de base a escuelas de pilotos, trabajos aéreos, aviación ejecutiva y de negocios, aviación privada, mensajería y correo. Para ello debería estar operativo en 2018, cuando finalizará la concesión de cinco años del aeropuerto de Barajas para gestionar la aviación corporativa o privada, que hace dos años dejó de operar en Torrejón de Ardoz. Una vez abierto, la media inicial de vuelos anuales de El Álamo se calcula en 50.000, que se duplicarían pasados 20 años.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez Pomar, ve “favorablemente la fase de planeamiento para el establecimiento” del aeródromo del suroeste, según consta en un informe de Fomento y la Dirección General de Aviación Civil del pasado diciembre. De esta forma, el Gobierno de González obtiene la compatibilidad aérea para el proyecto, un trámite administrativo imprescindible para continuar con su construcción. El informe de Fomento tiene una validez de dos años “a contar desde su fecha de emisión”. Transcurrido ese tiempo, dejaría “de tener eficacia” si no se ha autorizado el establecimiento del nudo aeroportuario “previo cumplimiento estricto” de las condiciones especificadas. La vigencia del informe “caducará automáticamente” también en caso de no se le conceda una prórroga.
“Para resolver las afecciones operativas que plantea” el establecimiento del nuevo aeropuerto, la lógica invita a una fusión de este con el ya existente de Casarrubios. Su gerente, Ignacio Elduayen, se muestra “abierto al diálogo” y subraya que ha advertido en repetidas ocasiones que los dos aeródromos por separado “no eran compatibles” tal y como estaba redactado el plan director. “Por ejemplo, estaríamos supeditados a su torre de control. Nuestro tráfico dependería de nuestros vecinos, algo verdaderamente absurdo”, sentencia.
Aunque 2014 ha sido “un año malo”, reconoce Elduayen, el complejo que su familia gestiona entre Madrid y Castilla-La Mancha es la instalación privada más importante de España. Con una pista de un kilómetro de longitud, los últimos datos hablan de más de 100.000 operaciones al año y 500 usuarios directos. Mientras la Comunidad todavía tiene que resolver la compra de los terrenos donde iría el aeródromo, los dueños de Casarrubios destacan que disponen de 300 hectáreas para ampliar sus instalaciones.
El aeropuerto diseñado por la Comunidad contaría con dos pistas (ampliables medio kilómetro), una de 1.000 metros para las escuelas de vuelo, aviones para agricultura o medicalizados, más otra, en función de la demanda, de 2.000 metros que se podría alargar otros 600. Su uso sería exclusivamente para jets privados (50% del volumen total), que serían la fuente principal de ingresos. La extensión de las pistas descarta a los aviones comerciales y a los de carga debido a su tamaño (el 90% de los aviones de los clientes no tendría más de veinte metros de longitud y de envergadura).
La postura de la Administración central dista de la que mantenía hace 1,5 años. Meses después de rescatar del baúl de los recuerdos, el proyecto del aeródromo del suroeste, una promesa electoral de Esperanza Aguirre, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) sorprendió a la Comunidad asegurando que no contemplaba el cierre del aeropuerto de Cuatro Vientos, a priori un requisito indispensable para que le salgan los números a la adjudicataria de la nueva obra.
Además de con Casarrubios, el nuevo aeródromo tendría que establecer acuerdos de coordinación y funcionamiento con los de Cuatro Vientos —Fomento contempla su cierre desde 2006— y Getafe, a unos 40 kilómetros y gestionado por Defensa. “El nuevo aeródromo no supone un impacto sobre las operaciones de vuelo en la base”, descarta el Estado.
El País