El Puerto de Santa Cruz de Tenerife contará con un centro de reparaciones navales nueve años después de que los astilleros chicharreros cerraran sus puertas para iniciar las obras de ampliación de este enclave. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la resolución de la Autoridad Portuaria para iniciar el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión administrativa presentada por la empresa Tenerife Shipyards SA. La entidad ocupará una parcela de 12.048,76 metros cuadrados, ubicada en los nuevos rellenos del Dique del Este, en la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz, en la trasera de la primera alineación.
Tras esta publicación en el BOE, y en el plazo de un mes, las entidades y particulares que estén interesados podrán presentar otras solicitudes de concesión de dominio público que tengan el mismo objeto que el presente y quieran ocupar también esta zona situada frente al barrio de María Jiménez.
Si finalmente la empresa Tenerife Shipyards abriera este centro de reparaciones navales, la ciudad de Santa Cruz recuperaría los astilleros nueve años después de que Interburgo se estableciera en el Dique del Este. Esta entidad se estableció en el Puerto en los años noventa, cuando se hizo cargo del varadero portuario y dio trabajo, en aquella época, a 120 personas.
La empresa fue obligada a desmantelar los astilleros del Puerto capitalino para que se pudiera ampliar la Dársena del Dique del Este y construir la terminal de contenedores que opera actualmente en la zona ubicada frente al barrio de María Jiménez. En sus últimos años de actividad, las relaciones entre Interburgo y la Autoridad Portuaria se hicieron cada vez más tirantes puesto que la empresa pasó por graves problemas económicos que obligó a retrasar en muchas ocasiones los pagos a los trabajadores. Además, tras ser obligada a desmantelar los astilleros para la construcción de la terminal de contenedores, Puertos de Tenerife fijó en 1,8 millones la rescisión de la concesión pero finalmente tuvo que abonar más del doble según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La Opinión
