CdMx decidirá sobre los terrenos del aeropuerto
Pese a que los terrenos que actualmente albergan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son propiedad del gobierno federal, una vez que cierre sus puertas la administración local será la facultada jurídicamente para definir el futuro de esa área, concluyó un estudio elaborado por el especialista en asuntos urbanos Antonio Azuela de la Cueva.
“Los programas o planes son los instrumentos normativos con que cuenta el orden jurídico mexicano para regular los procesos de urbanización y su aplicación no es optativa sino obligatoria, tanto para las autoridades como para los particulares. (…) es ineludible que el área se convierta en parte de la reserva de crecimiento de la Ciudad de México”.
De acuerdo con el documento de 24 hojas, que presentará hoy el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, la administración de Miguel Ángel Mancera tiene la potestad de encabezar el proceso de incorporación de este espacio a la urbanización de la capital.
A lo largo del estudio, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en derecho ambiental y urbanístico detalla que la Constitución, así como la Ley General de Asentamientos, que desde 1993 modificó el régimen de las áreas metropolitanas, establece mediante convenios la competencia de la CdMx para definir el uso que dará a los terrenos.
“En otras palabras, si bien es cierto que todas las autoridades del área metropolitana deben participar en la decisión sobre la estrategia general que debe seguirse respecto del aeropuerto, también es cierto que carece de sentido una interpretación, según la cual todas esas autoridades tuviesen que participar en todas las decisiones locales sobre usos específicos y en la gestión cotidiana del espacio urbano”, señala.
En este sentido, detalla que para preparar el desarrollo urbano que propicia el nuevo aeropuerto internacional, el gobierno federal debe participar en un proceso de planeación de manera conjunta y coordinada con las entidades y municipios del área en cuestión.
Sin embargo, respecto al área del AICM, las atribuciones federales son muy distintas, pues el que sea el propietario o que haya sido utilizado para el servicio público de aeropuerto durante décadas, “no otorga a éste una condición jurídica predominante para la decisión sobre el futuro del área —al menos no una condición distinta a la de cualquier dueño”.
Azuela de la Cueva también aclara que la eventual reforma política en que entrará la Ciudad de México obliga a este ejercicio a dejar algunos temas abiertos, que solo podrán ser esclarecidos con la nueva Constitución y el de una nueva legislación urbanística que esté a la altura de los fines.
“Existen importantes áreas de incertidumbre sobre el futuro de dicho sistema, en virtud del proceso constitucional en puerta. Sin embargo, eso no significa que pueda ponerse en duda la existencia de una competencia de origen en los poderes públicos de la Ciudad de México para regir la incorporación del área del AICM al desarrollo urbano, como la tiene cualquier gobierno local sobre los terrenos de cualquier forma de propiedad”, aclara.
De cara a este proceso, el especialista destaca la importancia de que en todo momento se privilegie a los habitantes y el desarrollo de la zona colindantes, evitando que únicamente se beneficie a particulares.
Por ello el estudio alerta que de no planearse adecuadamente el futuro de esa área, las condiciones de vida de la población de la zona no mejorarán, no habrá un desarrollo equilibrado, ni mucho menos logrará una distribución equitativa de la riqueza pública.
El tema ambiental es otro de los elementos que considera el estudio, ya que la propiedad de las áreas no solo genera obligaciones consignadas en la legislación en materia de asentamientos humanos, sino que también existen obligaciones derivadas de la norma ambiental.
El también doctor en sociología detalla que una vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes disponga el cierre total del AICM, se aplicará la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que se mantienen en jurisdicción federal.
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