Juez da luz verde a fideicomiso por aeropuerto de Creel

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El juez Octavo de Distrito, Mauricio Fernández de la Mora, dio luz verde para que el Congreso del Estado apruebe el fideicomiso de 65 millones pesos solicitado por la comunidad indígena Bosques San Elías Repechique, a favor de 33 rancherías por las afectaciones provocadas con la construcción del Aeropuerto Regional Creel-Barrancas, por lo que sería aprobado la siguiente semana en sesión extraordinaria.

El fideicomiso será pagado en siete años, por lo que el Poder Legislativo ya tiene el dictamen y realizan la revisión final para presentarla en la siguiente sesión extraordinaria.

Cuando el Congreso del Estado apruebe el dictamen y se publique en el Periódico Oficial del Estado, publicarán el concurso de licitación para que las instituciones financieras participen, para que la comunidad obtenga el recurso.

El plan de inversión fue propuesta por la misma comunidad, para reforestar el bosque dañado, restaurar los ojos de agua y las veredas que también fueron afectadas con la construcción del aeropuerto, que realizaron sin consultar a los pobladores indígenas, como lo exige la Constitución.

Sin embargo, a pesar de la prohibición de utilizar la pista del aeropuerto regional Barrancas, ubicado en Creel del municipio de Bocoyna, ya no sólo aterrizan aeronaves gubernamentales sino de turistas, por lo que la comunidad de Bosques San Elías Repechique que ganó el amparo para frenar la operación del inmueble, exigió agilizar la creación del fideicomiso que acordaron ante el juez Octavo de Distrito, para pagar la reparación de daños causados con la construcción.

Hace cuatro meses firmaron el acuerdo entre representantes de la comunidad y del Gobierno estatal, para la creación de un fideicomiso a través del que se pagarán los daños en un lapso de 7 años y medio, ante el juez Octavo de Distrito, Mauricio Fernández de la Mora.

De acuerdo con la sentencia del amparo dictada desde noviembre de 2014, no pueden tocar la barda o malla ciclónica ni la pista, pero siguen sin cumplir la sentencia, denunció Diana Villalobos, encargada de la organización que representa legalmente a la comunidad, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), ante el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública en el Congreso del Estado, Juan Eleuterio Muñoz.

El legislador dijo que la respuesta que les ha dado el secretario de Economía, Manuel Russek Valles, respondió el sábado que la pista del aeropuerto es la que está en mejores condiciones para que aterricen los aviones particulares y no pueden negarse, de acuerdo con las reglas de aviación.

Sin embargo, las abogadas de Contec cuestionaron por qué aterrizan también aviones con vehículos para competir en la sierra y el diputado indicó que tal vez es porque son competencias promovidas por el Gobierno estatal. Se comprometió a investigar y darles una respuesta.

“Me decía que el aeropuerto está cerrado, no tiene operación, que el problema es que una de las pistas es la mejor para que aterrice cualquier particular y no lo pueden impedir”, agregó Muñoz.

“Al principio sugirieron poner unas piedras pero va contra reglas de aviación, sólo pusieron unas cruces, un piloto sabe que la ponen para indicar que no está para uso, pero aún así algunos aviones particulares sobre todo los que llevan turistas, aterrizan y ellos no pueden hacer nada”, indicó.

Sin embargo, los prestadores de servicios van por ellos al aeropuerto, reclamó Diana Villalobos y el diputado se comprometió a preguntar lo que sucede.

“Preguntaré a la Secretaría de Economía, como era evento de turismo les pidieron las instalaciones para que la gente bajara sus carritos y los estacionara, pero la operación del aeropuerto está a manos del Gobierno y de la operadora, ahorita sí está delicado el tema porque se supone que no debían utilizarlos”, indicó el diputado.

Juan Eleuterio Muñoz les informó que el fideicomiso quedará conformado por cuatro integrantes de la comunidad indígena y cuatro por representantes de Gobierno del Estado y será presidido por el gobernador en turno, ya que se trata de recursos públicos, que también estarán sujetos a auditorías y transparencia.

Diana Villalobos destacó la urgencia de la creación del fideicomiso, que firmaron desde abril pasado, porque la comunidad de Repechique deseaba hacer otro plantón como el que efectuaron hace cuatro meses.

Entre los ajustes que plantea la comunidad, es que si se retrasa el depósito del fideicomiso en las fechas acordadas, se pague una multa del 20 por ciento, pero el Gobierno estatal propuso que la sanción sea del 10 por ciento.

El Diario

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