El funcionario de la CPN, Carlos Avelar, dijo a Notimex que la operación integral es parte de los compromisos del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), convenio suscrito por Guatemala.
A principios del mes se declaró un paro de labores de transportistas de carga pesada que se prolongó por seis días, que suspendió la operación de puertos y aduanas del país, en protesta por restricciones de horarios para circular en la capital guatemalteca.
La empresarial Asociación Guatemalteca de Exportadores calculó en 455 millones de dólares las pérdidas y en unos 12 mil 240 contenedores varados en puertos y aduanas por el paro del transporte pesado de mercancías.
La medida de fuerza causó una paralización del comercio exterior de Guatemala, la mayor economía centroamericana, que reporta unos 10.9 mil millones de dólares en exportaciones totales por año.
La suspensión de labores del transporte pesado de mercancías afectó principalmente los puertos de Puerto Quetzal (Pacífico) y Santo Tomás (Caribe) y las aduanas de Tecún Umán (frontera con México) y Pedro de Alvarado (frontera con El Salvador).
La entidad empresarial coincidió en la urgencia de que “las autoridades retomen el control del orden en puertos, aduanas y carreteras”, pues los “ataques” de grupos interesados amenazan con la desestabilización del país.
Avelar destacó que el PBIP, normativa de la Organización Marítima Internacional (OMI), establece los lineamientos de seguridad portuaria que a su vez es “un componente esencial en la viabilidad económica del sistema de transporte marítimo y de la competitividad internacional”.
La CPN, dependencia responsable de este sector en Guatemala, se encarga de auditar 45 instalaciones del sistema portuario nacional (tres puertos estatales, ocho terminales especializadas y 34 operadores de servicios), cuya certificación PBIP obliga a su operación eficiente, segura y sin interrupciones.
El viceministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a cargo de los puertos y aeropuertos del país, gestiona los cambios legislativos, a fin de que se mantenga la operación de las instalaciones estratégicas al margen de problemas políticos, administrativos y laborales.
Avelar indicó que los puertos de los países centroamericanos enfrentan problemas parecidos de seguridad y de trabas que obstaculizan su operación eficaz y permanente, por lo que trabajan de manera conjunta para atender retos como el de la tecnología.
NTX
