El Puerto de Alicante ha sido el epicentro de una trama montada por varias empresas de transporte que han controlado durante ocho años parte del tráfico de contenedores que salían o entraban por la dársena alicantina. Este grupo de compañías pactaban entre sí los precios que cobraban a sus clientes por el transporte de mercancías, evitando así una guerra de tarifas, lo que suponía mayores costes para su clientela. Estas prácticas, que anularon toda posibilidad de competencia entre las empresas de logística y el transporte de contenedores, se dieron entre los ejercicios 2003 y 2011.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 200.000 euros por estas conductas ilegales a la Asociación de Transportistas de Contenedores del Puerto de Alicante, entidad a la que pertenecen las empresas implicadas en la trama (Martín e Hijos SL, Montajes y Transportes Marpe SL, Transpassar SA, F. Tomás SL, Transportes José Quirant e Hijos SL, Transportes Ocho Mil Ocho SL, Transportes Quico SL y Transporte La Cañada).
El origen de la investigación de la CNMC se remonta a 2013. Durante las inspecciones llevadas a cabo en las sedes de ELTC (Asociación de Empresas de Logística y Transporte de Contenedores) y Transcont Comunidad Valenciana (Asociación de Empresas, Autónomos, Cooperativas y Cooperativistas del Transporte de Mercancías por Contenedor de los Puertos de la Comunidad Valenciana), funcionarios del regulador hallaron actas de las juntas directivas de ambas asociaciones en las que se mencionaban conductas anticompetitivas de Astraco.
Ello dio pie a que la CNMC llevara a cabo una inspección en la sede de Astraco para verificar los posibles acuerdos de fijación de precios y de condiciones comerciales del servicio de transporte terrestre de contenedores con origen o destino (final o escala) en el Puerto de Alicante. Competencia se hizo con abundante documentación en formato papel y electrónico durante la inspección realizada en las oficinas de Astraco.
Según consta en la resolución de la CNMC, en el seno de esta asociación «se discutió, a nivel interno, sobre cuestiones relacionadas con las tarifas de los servicios prestados por sus empresas de transporte de contenedores asociadas, lo que dio lugar a la elaboración de unas tarifas de referencia comunes para todos sus asociados, a la fijación de la fecha de su entrada en vigor y de la forma de aplicarlas, así como, a modificaciones y revisiones sobre las mismas».
El acuerdo global de precios al que llegaron las empresas incluso contenía «la repercusión de la variación del precio del combustible, la repercusión de la variación del IPC, así como el valor de las indemnizaciones por las paralizaciones y otras condiciones comerciales, como las sanciones por exceso de peso y la cuantía del seguro de mercancías que incluían las tarifas».
Los precios establecidos eran de obligado cumplimiento para transitarios, los consignatarios, las empresas de transporte y los autónomos del transporte que formaban parte de la asociación. Hasta el punto de que un incumplimiento podía significar la expulsión de la asociación. Las actas halladas en el registro de Astraco (del año 2007) son claras a la hora de recordar a las empresas la validez del pacto de precios: «Se comunica a los asociados que ninguno de ellos pueda comercializar por debajo de las tarifas de referencia y mucho menos prestar colaboración a no asociados por debajo de la tarifa. De no cumplirse los acuerdos conllevaría a la retirada de los distintivos de la asociación, la expulsión de la misma y quedándose este sin colaboración por parte del resto».
Competencia mantiene en su resolución que queda probado que «existía un seguimiento y una vigilancia por parte de Astraco a sus asociados para informar de aquellos que operaban por debajo de las tarifas de referencia». El regulador advierte de que estas prácticas pueden «incidir directamente sobre la competitividad del Puerto de Alicante y, por lo tanto, sobre su capacidad de competir con otros puertos nacionales o internacionales».
El Mundo
