El juez del caso del Puerto de Valencia pide a VPI que concrete dietas que cobraron los consejeros
El Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, encargado de investigar presuntas irregularidades en el Puerto de Valencia, ha solicitado a Valencia Plataforma Intermodal (VPI), sociedad mayoritariamente pública destinada a promocionar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que concrete las dietas que abonó a los consejeros por asistir a un encuentro el 16 de diciembre de 2004.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se ha dictado un par de semanas después de que comparecieran ante el juez, en calidad de imputados, algunos de los consejeros de la VPI, entre ellos, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP).
En concreto, en la nueva resolución, el juez pide a VPI que certifique las cantidades que percibieron como dietas los consejeros por la asistencia al Consejo de Administración de fecha 16 de diciembre de 2004.
Junto a Grau, también fueron consejeros y declararon el pasado 28 de octubre el exresponsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio —también declaró el pasado 28 de octubre—; y otras dos personas más.
Estos consejeros presuntamente autorizaron el cobro de sobresueldos del expresidente del Puerto de Valencia Rafael Aznar, así como el de otras cuatro personas imputadas, entre ellos, dos directivos y un abogado del Estado. Como consecuencia de estos sobresueldos, Aznar llegó a cobrar unos 70.000 euros en tres años, cantidad que reintegró cuando le advirtieron de que era irregular.
En sus declaraciones, tanto Grau como Uncio defendieron ante el juez que consideraron “legales” las compensaciones —sobresueldos— para directivos del Puerto y que ni tan siquiera se las cuestionaron puesto que contaban con el visto bueno de asesores legales, entre ellos, un abogado del Estado.
Todos ellos coincidieron en que actuaron bajo la más estricta legalidad y señalaron que ni tan siquiera se cuestionaron si era irregular el pago de una compensación a directivos del Puerto por su trabajo, que “sí se realizó”, reiteraron.
Así mismo, señalaron que estos acuerdos se plasmaron con el consentimiento y el visto bueno de asesores legales, entre ellos, un abogado del Estado imputado en este procedimiento, Fernando Llopis.
Este juzgado de Valencia investiga, por una parte, presuntos delitos de malversación y prevaricación en una causa en la que están imputados el expresidente de la APV Rafael Aznar —que fue sustituido en el cargo por Aurelio Martínez en agosto—, otros dos directivos en ese momento, un trabajador técnico contable y un abogado del Estado.
Posteriormente, la Fiscalía abrió una nueva investigación sobre gastos de personal de la entidad portuaria, adaptación de los accesos para la F-1, alquiler de la Fundación Valencia Port (FVP) y la rescisión de Sagunt Bulk Terminal, unos hechos denunciados por Compromís.
EuropaPress
