Integrantes de colegios, sindicatos y asociaciones de marinos, capitanes, pilotos y oficiales de comunicaciones marítimas cerraron filas para manifestarse en contra de lo que llamaron la militarización de los puertos y aduanas marítimas del país.
Repudian la iniciativa de decreto para que la autoridad marítima que actualmente ejerce la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sea transferida a la Secretaría de Marina Armada de México.
La propuesta enviada en marzo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Senadores, incluye reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Puertos.
Incrementar las atribuciones de la Semar en el ámbito de la vida civil y mercantil no sólo es una propuesta inoportuna y contradictoria, sino poco transparente y contraria a los intereses de quienes integran la industria del transporte marítimo, de los servicios Costa fuera, turismo náutico y pesca comercial.
De hacerse cargo la Armada de las Capitanías de Puertos, se regirán mediante su sistema castrense donde nada se mueve si no lo autoriza un superior.
Ello significará que por cada hora que se demore para que se de una orden, se perderán más de 120 mil dólares en la muelles, dependiendo de cuantas embarcaciones haya en el momento atracadas o por entrar a un puerto.
El comercio marítimo internacional no funciona así
Ysmael García Muñoz, secretario general de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales, acompañado de los dirigentes de diversos colegios de marinos y oficiales mercantes advirtió que si se permite militarizar las capitanías de puertos, al rato los aeropuertos estarán bajo la supervisión de la Fuerza Aérea y las terminales y carreteras al mando del Ejército.
Estamos caminando a la militarización del país pues con esto el mensaje que mandan es que nos acercamos a un estado fallido donde la alternativa que les queda es someter a los civiles a regímenes militares.
Tampoco pueden atribuirle a una exigencia comercial internacional esa militarización.
Por su parte Antonio Rodríguez Fritz, secretario regional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte ITF.
puntualizó que no hay acuerdos o convenios internacionales con ningún país que obligue a México sustituir civiles por militares para “evitar duplicidad de funciones”, quien diga eso que pusieron en la iniciativa de decreto está mintiendo.
El reclamo contra la ley es respaldado por el Frente Unido de Marinos Mercantes, Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional, Colegio de Marinos Mercantes de Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Campeche, Sonora, Ensenada, Coatzacoalcos, Unión Nacional de Transportistas Campesinos, Asociación de Oficiales de Comunicaciones Marítimas y la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana.
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