BILBAO – Las actividades pesqueras, portuarias, industriales, deportivas y recreativas que se desarrollan en quince puertos vascos contarán en breve con una nueva regulación. El Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco que prevé la creación de un nuevo ente público de derecho privado -que se llamará Kaiak- para gestionar las instalaciones portuarias de Bizkaia y Gipuzkoa, excepto las de Bilbao y Pasaia, que son de “interés general” y titularidad estatal.
La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, señaló ayer al anunciar la aprobación del texto que “tras un gran espacio de tiempo en el que no se consiguió un consenso necesario ahora se ofrece una base legislativa en la que han intervenido todos los agentes interesados”.
El ámbito de aplicación de la nueva Ley -el proyecto será remitido al Parlamento Vasco para su tramitación y aprobación- son los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco: Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Ea, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia. Según explicó Ana Oregi, “el objeto del proyecto de Ley es el hecho de establecer el régimen jurídico aplicable a los puertos e instalaciones portuarias y marítimas, regular la gestión del dominio público portuario, definir la estructura y funcionamiento de la Administración Portuaria de la CAPV, creando el ente público de derecho privado Kaiak, regular el régimen económico-financiero derivado de la utilización del dominio público portuario y de la prestación de servicios portuarios, ordenar la actividad de transporte marítimo de pasaje, de mercancías y mixto de competencia de la CAPV y fijar el régimen sancionador en el dominio público portuario autonómico, así como las potestades de inspección y control”.
Uno de los grandes objetivos de la Ley consiste en gestionar la convivencia entre la actividad del puerto y la vida municipal y para lograrlo el proyecto prevé la creación de un Consejo Municipal Portuario como instrumento de participación institucional y social para articular las relaciones entre las administraciones portuaria y municipales en aquellas localidades que disponen de puerto. En este punto la consejera recordó que en Euskadi los puertos son “netamente urbanos”.
LA FUNCIÓN DE KAIAK
Una de las principales novedades de la futura ley consiste en la creación de un nuevo ente público de derecho privado -Kaiak- que aglutinará la gestión de todas las instalaciones portuarias de Euskadi en un único modelo, partiendo de la premisa de mantener la gestión pública de las mismas y con la voluntad de superar la actual dispersión en las formas de gestionar las infraestructuras portuarias.
Para ello se define un sometimiento al derecho público en todos aquellos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas, como son los de limitación, control, intervención o gravamen.
Según el proyecto de Ley, las funciones del nuevo ente Kaiak abarcarían tanto los puertos pesqueros, como comerciales y deportivos y supondría, de hecho, la desaparición de la actual sociedad de puertos deportivos EKP, una sociedad pública constituida en 2000 con el objetivo de gestionar todas las dársenas y puertos deportivos de la CAV.
En cuanto al régimen jurídico de los puertos de Euskadi, el proyecto dibuja un concepto global, sin clasificación en base al uso de la infraestructura y teniendo en cuenta que en la mayor parte de los puertos de la CAV las distintas actividades y usos confluyen en un mismo espacio físico.
El proyecto aprobado por el Gobierno vasco muestra su preferencia por la prestación pública de los servicios portuarios y la utilización privativa del dominio público portuario en base a unas autorizaciones previas para la ocupación con bienes muebles o instalaciones desmontables o sin ellas, que en caso de bienes inmuebles o instalaciones desmontables serán por un plazo máximo de tres años, incluidas las prórrogas. Para las instalaciones no desmontables el plazo máximo de concesión será de 50 años, incluidas prórrogas, y para los puestos de amarres el plazo tope será de cinco años prorrogables por otros cinco.
La ley incorpora un registro de empresas operadoras de transporte marítimo de pasaje, mercancías y mixto, de carácter informativo. En este registro, a los únicos efectos de publicidad se define un contenido de la inscripción con recorridos, horarios y período de prestación del servicio; embarcaciones y sus características; tarifas y demás condiciones económicas.
Además, el régimen de policía y sancionador del proyecto de ley establece garantías para la preservación de la actividad de los puertos con el ejercicio de las potestades de desahucio y de recuperación posesoria, en base al principio de legalidad y con la tipificación de las infracciones como leves, graves y muy graves y multas que van desde los 12.000 euros (infracciones leves) hasta un máximo de un millón de euros (las muy graves). Las multas para las infracciones graves van de 12.001 a 500.000 euros.
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