Puertos Canarios, entidad dependiente del Ejecutivo regional, este jueves inició el trámite orientado a que FCC se haga cargo, en este mismo otoño, de la ampliación del muelle de Playa Blanca. Se tiene en cuenta que la obra se adjudicó a finales del pasado ejercicio.
Según fuentes oficiales, no consta en el Gobierno de Canarias la tramitación de recursos, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al auto que dejó sin efecto la decisión del Tribunal Administrativo de Control Público, curiosamente ligado al Ejecutivo, que obligó a dejar sin efecto el concurso, en marzo pasado. El auto invalidó la decisión, en base a que Acciona, empresa a la que se admitió un recurso a la adjudicación, no llegó a pedir de manera concreta la anulación.
En este sentido, en caso de que finalmente se tuviera conocimiento de algún recurso, añadieron las mismas fuentes, se mantendrá la reactivación del acuerdo con FCC, para que así se puedan iniciar antes de fin de año los trabajos, adjudicados en diciembre de 2015 por una cuantía de 39,3 millones de euros, por debajo así del presupuesto inicialmente fijado.
Además, este jueves se confirmó que está a punto de confirmarse el traspaso de la primera partida para estas obras, a nombre de Puertos Canarios, «para reactivar cuanto antes el proceso», se añadió por un representante de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. La partida, superior a 7 millones de euros, como ya se dijo por este diario, fue transferida en su momento a la Viceconsejería de Infraestructuras Viarias, al bien de que siguiera disponible.
Al concurso se presentaron siete propuestas, adjudicando la mesa de contratación el pasado 18 de diciembre las obras a la UTE compuesta por FCC/Mosquera Carrasco, por 39,3 millones de euros. Sin embargo, dos de las empresas concurrentes, Acciona (aceptada) y Ferrovial (rechazada) presentaron recurso ante el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias. El 16 de marzo, este órgano ordenó retrotraer las actuaciones al momento previo de la licitación. Por ello, la Consejería de Obras Públicas y Transportes inició las actuaciones pertinentes para preservar los fondos previstos para 2016 y, además, las necesarias para llevar a cabo un nuevo concurso, con modificaciones en el pliego, que finalmente no será necesario, gracias al TSJC.
